Aviso legal

1. Qué es este sitio

Boletín Fácil es una herramienta en línea que prepara borradores de documentación administrativa para instalaciones eléctricas de baja tensión que no necesitan proyecto ni inspección inicial según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. El usuario introduce los datos de su instalación y la herramienta le devuelve los documentos listos para revisar, completar y firmar.

2. Uso de la herramienta

El usuario es el único responsable de los datos que introduce y de la revisión de los documentos antes de usarlos. Los documentos generados son borradores: no son un impreso oficial, no sustituyen la firma de un instalador autorizado ni la de un técnico competente, y no tienen validez por sí mismos. Antes de presentar cualquier documento hay que revisarlo, completarlo y firmarlo.

La herramienta no presta servicios de ingeniería, asesoría técnica ni asesoría jurídica, y no sustituye a ninguna persona habilitada.

3. Propiedad intelectual e industrial

El diseño, el código y los textos de este sitio pertenecen a su titular. Los documentos que el usuario genera con su pack son suyos: puede usarlos profesionalmente en sus instalaciones y presentarlos por libre. Queda prohibida la reventa o la redistribución de la herramienta o de los packs como tales.

4. Enlaces a otras páginas

El sitio enlaza a sedes electrónicas de administraciones públicas, a pasarelas de pago y a páginas de terceros. Esos enlaces se ofrecen por comodidad y se apuntan a dominios oficiales conocidos; el titular no controla su contenido ni se responsabiliza de él.

5. Responsabilidad

El titular pone el servicio con el mayor cuidado posible, pero no garantiza que la herramienta funcione sin interrupciones ni que la información normativa reflejada esté siempre actualizada: la normativa cambia y cada trámite tiene sus requisitos. Si detectas un error, escríbenos y lo corregimos.

6. Protección de datos

El tratamiento de datos personales se explica en la política de privacidad.

7. Ley aplicable

Estas condiciones se rigen por la legislación española. Cualquier controversia se somete a los juzgados y tribunales que correspondan según las normas aplicables de consumo.